Poner en agenda pública las demandas de Capinota

Por Antonio Rocabado Q.

Un grupo de residentes capinoteños en Cochabamba, compuesto de paisanos de fuertes lazos emocionales con el terruño, bajo la batuta de Álvaro Frontanilla Márquez, ha iniciado recientemente una nueva cruzada para articular una serie de demandas e intereses sectoriales de Capinota, y llevar adelante reivindicaciones relativas a la educación, salud, mejoras urbanas, desocupación laboral, y depredación de recursos naturales. Estas demandas tienen relación esencial con el quehacer de la Cooperativa Boliviana de Cemento (COBOCE), cuyas utilidades la convirtieron en una de las más importantes corporaciones de Cochabamba.

La primera de las reuniones del grupo capinoteño fue con las principales autoridades municipales en Capinota (a fines de diciembre de 2012), y luego, entre los integrantes mismos de dicho colectivo (15 de enero de 2013) en Cochabamba. Ambas reuniones, fueron para tomar el pulso de los conflictos, y para elaborar un pliego de demandas que posteriormente se condensaría en unos cuantos puntos neurálgicos para la razón de ser del grupo.

El planteamiento y consolidación de las demandas intenta marcar un salto de calidad respecto a experiencias anteriores solicitando justos tributos a COBOCE para Capinota. Las movilizaciones del pasado se conformaron esencialmente al calor de demandas puntuales, como los casos de camioneros solicitando mayores cupos de cargas de cemento para la ciudad de Cochabamba.

Estas asociaciones circunstanciales para movilizaciones reivindicatorias, nunca colocaron como blanco, por ejemplo, a las construcciones socio-económicas y políticas que ubican a las capitales del eje troncal nacional como plataformas exclusivas de servicios (bancos, financiamientos, y poder económico-político). Mientras que por otro lado, tradicionalmente se relegaron a las regiones periféricas a un rol de despensas de recursos naturales aprovechables por los consorcios empresariales del eje.

Capinota considerada una región periférica fue sempiternamente postergada, y sus habitantes sumidos en la pobreza y la contaminación ambiental. Ante tal panorama, creemos que ha llegado la hora para que los movimientos sociales relegados de Capinota decidan su propio destino, estructurando formas de acción colectiva (demandas de obras y de servicios). La lucha social de las mayorías debe generar un despertar colectivo a la acción; y este intento de reinventarse, sea a su vez, una invitación al debate y a la reflexión.

Capinota pequeña ciudad, grandes preguntas: ¿Existe alguna población boliviana con tantos recursos naturales que esté peor que Capinota? ¿Existe alguna institución de la soberanía popular (Municipalidad, Comité Cívico) capaz de oponer su legitimidad a la supremacía de corporaciones como COBOCE? ¿Deben los ciudadanos capinoteños sufrir las consecuencias del incumplimiento de responsabilidades de sus autoridades?

La interpretación del nuevo orden constitucional y la letra de las recientes leyes de autonomía, en el contexto de un panorama económico nacional favorable, requiere miradas críticas a la situación de la inversión, del empleo, y de las perspectivas a futuro de Capinota.

Tomando en consideración todo lo anterior, la principal preocupación económica de Capinota estriba en generar políticas apropiadas y aprovechar la circunstancial bonanza nacional hacia el establecimiento de actividades productivas autónomas al estado de la economía regional.

Los capinoteños parecen caracterizarse por ser tremendamente nostálgicos al momento de pensar y actuar para el desarrollo local. Hay necesidad que los capinoteños se concienticen y se comprometan con el terruño en que viven. Reconocer que los tiempos han cambiado, que hay nuevos clamores, nuevas generaciones y rostros de la exclusión que emergen de la invisibilidad.

El gobierno municipal de Capinota tiene serias restricciones presupuestarias que limitan gravemente su capacidad de hacer frente a sus gastos y obligaciones. Los escasos impuestos por el acaparamiento y sobreexplotación de los recursos naturales de la gran empresa se van al gobierno central, y este poder los redistribuye entre diferentes comunidades del país con criterios de solidaridad. En este ejercicio de ida y vuelta de tributos, Capinota nuevamente pierde año tras año, pues se pueden evidenciar mejores servicios y niveles de vida en comunidades menos productivas que la nuestra.

La fuerza de las movilizaciones sociales puede obligar a que los gobiernos nacional y departamental coloquen en sus agendas la atención de las demandas de Capinota. Hay una gran injusticia en la situación de los impuestos y regalías de recursos naturales, de la contaminación ambiental, y de la inversión productiva.

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