Loteadores invaden bosque de algarrobos en Capinota

Sarcokucho

La deforestación causada para urbanizar el bosque de Lupaqa, Capinota. Luego, la apertura de camino hacia terrenos para asentamientos. | Los Tiempos

Katiuska Vásquez

Nadie detiene el avance de los loteadores en Lupaqa, Capinota. El lugar, un bosque de algarrobos, molles y quebrachos, tiende a desaparecer desde que en 2014 comenzaron los asentamientos sistemáticos en la zona, distante a más de 40 kilómetros de la ciudad y cerca del centro de la población.

El alcalde de Capinota, Martín Jora, dijo que desconoce la denuncia de avasallamiento y se comprometió a pedir un informe a los técnicos del municipio.

En tanto, exdirigentes manifestaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) consintió la toma del predio que originalmente perteneció a la familia Cristy, que abarcaba 200 hectáreas y tiene títulos de 1956.

Antes del avasallamiento, el lugar se caracterizaba por ser un sitio natural y estar cerca del río, pero en 2014 comenzaron las amenazas para urbanizarlo porque presuntamente no cumple con la función económica social.

Los promotores del avasallamiento advirtieron a los dueños que, si no empezaban a hacer algo en esa tierra, “iban a venir los campesinos y tomarla; ahí empezaron un montón de complicaciones alrededor de la tierra y el bosque nativo fue el más afectado”, dijo un poblador. Además, desconocen que son áreas de pastoreo y franjas de seguridad de los ríos, aseveró un grupo de vecinos que desde hace cinco años es testigo del daño ambiental. Pero, además, en la zona se construyeron canchas deportivas y otro tipo de infraestructura.

Si bien la tala de algarrobos y otros árboles en Lupaqa fue mínima a un inicio, a partir de 2006 se intensificó porque los asentados ingresaron con violencia y maquinaria para construir una cancha de fútbol en los terrenos de viñedos y maíz, según los vecinos.

Uno de los grupos que entró al sector se identificó como campesinos de Sarco Cucho y comenzó a “cuadricular el bosque, al punto que ahora ya no se reconoce el lugar”.

Después de cinco años de ingresos a este sector hay unas 100 construcciones precarias, incluso sobre torrenteras y las caídas de agua. Muchas de estas viviendas luego se venden a gente humilde. Los primeros habrían adquirido los terrenos con una cuota inicial de 300 bolivianos.

Los trabajos para talar los algarrobos se realizan primero demarcando el área con un alambrado y luego entra la maquinaria. Además, “le han metido un camino con materiales pesados para hacer la plataforma sobre una torrentera sin que la Alcaldía de Capinota entregue los planos catastrales y de derecho propietario”, contó un vecino.

El bosque de algarrobos es considerado uno de los “pulmones” de Capinota, afectada por la contaminación de una cementera.

Las especies más importantes de este lugar son los algarrobos, molles y quebrachos, que son madera dura. Los asentados aprovechan los troncos para armar casuchas. En tanto, el algarrobo se usaba para alimentar el ganado, pero los asentados lo utilizan como leña.

Los campesinos le echan la culpa a la familia Cristy por la deforestación y dicen que han reforestado con 40 mil pinos, pero no cuidaron las especies nativas.

TIERRAS FISCALES Y OTROS CONFLICTOS

El conflicto por tierras en Sarco Cucho se originó por una resolución del INRA que declaró 258 hectáreas como tierras fiscales. Sin embargo, no tomó las acciones para que el lugar no se urbanice y que se conserve como una zona de pastoreo y bosque. En 2016, unas 100 personas comenzaron a urbanizar.

En Combuyo, Vinto, están en riesgo 54 hectáreas de terrenos dentro del Parque Tunari, debido a que comunarios de Llave Grande intentan asentarse.

En Cercado, el INRA tiene que realizar un nuevo saneamiento de 315 hectáreas declaradas inicialmente tierras fiscales.

En Pucun Pucun en el Parque Tunari, Tiquipaya, las construcciones sobre la cota 2.750 continúan avanzando.

En Tuscapujllo Centro, en el municipio de Sacaba, el año pasado se demolieron 200 viviendas por un conflicto por el derecho propietario y porque se construyeron en una zona agrícola sin autorización de la Alcaldía.

(Publicado en Los Tiempos, el 13/05/2019)

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